Construcción informal de vivienda (sin ciudad) sobre el paisaje del centro histórico de Pamplona (N.Santander).
Cuando se habla de la problemática de la vivienda en el contexto nacional, dos han sido los principales indicadores que han permitido una mirada científica sobre la situación: el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. El primero es el resultado de calcular el número de unidades faltantes para que exista una relación 1 a 1 entre hogares y viviendas. El segundo, intenta medir el porcentaje de hogares que a pesar de contar con una vivienda, carecen de calidad adecuada, ya sea por su tamaño y hacinamiento frecuente, por los materiales inadecuados en pisos y paredes, o por la falta de acceso a saneamiento básico.
Se diría que es imposible garantizar vivienda digna de no atenderse ambos factores estructurales. Lamentablemente, y como veremos en el contexto colombiano, las políticas públicas están en deuda sobre el particular, pues en todo caso, y a pesar de la locomotora que jalona la construcción multitudinaria, la satisfacción de una demanda no significa la plena satisfacción de una necesidad. En los años 90 Doris Tarchópulos y Olga Ceballos lamentaban la inexistencia de un cuerpo teórico sólido en torno a estas reflexiones, que pudiera a su vez alimentar las políticas públicas sobre vivienda. Hoy, a pesar de los avances paliativos del déficit cuantitativo, y más aún de los avances teóricos en torno a esta reflexión, no es posible hallar un modelo que integre factores urbanísticos, arquitectónicos y sociales para solventar el déficit cualitativo. Se construyen más viviendas de interés social que nunca, es cierto, pero sin desconocer la importancia que tienen los indicadores, el abordaje de la problemática de vivienda desde esta óptica estadística ha llevado a plantear las alternativas en función casi exclusiva del incremento de la oferta en la vivienda de interés social; este enfoque se torna más preocupante aún, ya que la vivienda no ha sido asimilada como el atributo urbano que es, es decir, su calidad ha estado en función de un indicador que deja por fuera la construcción de ciudad, y por ende, de sociedad.
Consterna comprobar que la mayoría de viviendas otorgadas por el gobierno mediante el decreto 1921 del 2012, siguen reproduciendo un modelo de exclusión y segregación urbano espacial, pues se construyen en la periferia de las ciudades (que bajo la lógica mercantil de producción, son aquellos suelos periféricos los que permiten, por su bajo costo, un cierre financiero competitivo), desconectadas así de los polos de producción, oportunidades y desarrollo, factores necesarios para la dejación de la pobreza. Las cifras del gobierno, optimistas entonces por cantidad, no dan cuenta de criterios fundamentales como la accesibilidad o la conectividad con el tejido urbano de la ciudad, inestimables para estructurar así una localización competitiva; tampoco evidencia el acceso a servicios y usos del suelo complementarios, la articulación con el espacio público y el paisaje, o la relación con el equipamiento comunitario fundamental como escuelas, centros comunitarios y guarderías. La política pública se revela así insignificante, en el sentido exacto de la palabra. La locomotora que reproduce sin término la misma vivienda incompleta, se ve además condicionada por la urgencia de la meta autoimpuesta por el gobierno. Se dan subsidios que obligan a hacer viviendas en las que solo importa el cierre financiero, esto es, un mínimo de metros cuadrados que hacen posible dicho cierre, con la consecuente pérdida de calidad. En este círculo de insatisfacción y precariedad, tanto la empresa privada como los informales están construyendo, en su mayoría, amplias zonas de viviendas sin ciudad.
Alejandro Ordóñez Ortiz
Bucaramanga, Noviembre de 2014
*Artículo publicado originalmente en el Informe de Calidad de Vida de la Red de Ciudades Cómo Vamos.